La Generalitat ha sido condenada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a pagar casi un millón de euros a la familia Balañá, dueña de la Monumental de Barcelona, por los daños derivados de la prohibición taurina que ha durado cinco años en esta Comunidad. De este modo, la abolición de la Fiesta ha salido cara a los catalanes.
Los propietarios del coso solicitaban una compensación econónica de diez millones, desglosados así: 4,5 millones por lucro cesante o pérdida de beneficios por cierre de la plaza de toros; 3,1 por daños emergentes relacionados con la actividad taurina; 1,3 por obsolescencia de la edificación; 40.627 euros por indemnización del único empleado fijo; 492.021 por sobrecoste de mantenimiento del edificio y 478.022 por daños morales.
La sentencia del Tribunal Superior de Cataluña, de enero de 2018, establece que la cantidad indemnizatoria a la que tiene derecho la empresa Pedro Balaña es de 973.483 euros, más los intereses devengados. El tribunal establece para la Generalitat la obligación de indemnizar al dueño de la plaza de toros con 181.725 euros por lucro cesante, que multiplicado por cinco años que duró la prohibición de actividad taurina en aplicación de la Ley 28/2010, hasta su declaración de inconstitucional, supone la cifra total de 908.625 euros; 24.627 euros por indemnización de personal y 36.000 euros por obsolescencia de la edificación y por sobrecoste de mantenimiento del edificio.
El ataque la Fiesta comenzó en 1988 con la ley animal en medio de un sinfín de pasos que dieron lugar a que en 2011 se celebrara la última corrida, a que en 2016 aquella prohibición fuera declarada anticonstitucional y a que la Generalitat sea condenada a pagar ese casi millón de euros a la propietaria de la plaza de toros de Barcelona.
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