El 7 de diciembre de 1786 el conde de Floridablanca, primer ministro del rey Carlos III, comunica por Real Orden al gobernador del Consejo de Castilla, (quien tenía la potestad de dar la autorización para las fiestas de toros) tomase providencias eficaces para la cesación de todos los permisos que se habían concedido para la celebración de corridas de toros, exceptuando únicamente las de Madrid.
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